El problema local de marihuana de Los Ángeles

A mitad del verano, Humberto “Junior” Martínez pasó a visitar a un amigo, que tiene una tienda legal de marihuana en el distrito de San Fernando Valley de Los Ángeles. Hace una década, Martínez y su amigo entraron a la industria del cannabis, pero con el paso del tiempo, los cambios inexplicables de las políticas sobre la marihuana en Los Ángeles afectaron sus fortunas.

“Hey Junior!” gritó el dueño de la tienda cuando vio a Martínez revisando los estantes de hierba desde su silla de ruedas, resultado de un accidente de motocicleta en el 2007. “¿En qué andas estos días?”

“Tratando de conseguir la legalización, hermano,” respondió Martínez.

“Ah, bueno, no te preocupes. ¡Te las averiguarás!”

Lo dice como si fuera fácil, pensó Martínez. Hace tiempo, ambos hombres habían tenido negocios cuasi-legales de marihuana, pagando impuestos e intentando jugar por las reglas de la ciudad esperando que, algún día, el gobierno le concediera a sus establecimientos las mismas protecciones que gozan otras tiendas legítimas. Pero ahora, más de nueve meses después de que se legalizó la venta de marihuana recreativa en California, Martinez se había quedado atrás, mientras que su amigo disfrutaba de los beneficios de ser dueño de una de las 169 tiendas de cannabis oficiales en Los Ángeles.

Para Martínez, la situación no parecía ser justa. Esto no se trataba de talento emprendedor, trabajo arduo o respeto a la ley. Finalmente, los factores que permitieron que la tienda de su amigo triunfara, y que lo dejaron a él luchando por salir adelante, fueron mayormente aquellos que él jamás consideró en el 2009: ubicación, reforzada por suerte, dinero e influencia.

En el Los Ángeles del siglo XXI, cada cuadra parece albergar por lo menos una tienda con la reconocida cruz verde y algún juego de palabras cursi (“Centro de Bienestar de Alta Sociedad”; “La Alfarería”), y cada lote de estacionamiento una olorosa nube dejada atrás por algún grupo de fumadores. Pero en la edad de la marihuana legal, hay mucho más sucediendo de lo que se puede observar a simple vista.

Solo una pequeña parte de las tiendas de marihuana que comienzan a atiborrar la segunda ciudad más grande del país son legales. Ron Galperin, Contralor de la Ciudad de Los Ángeles, estima que, además de las 169 tiendas oficiales, existen otras 1,700 tiendas de marihuana que operan ilícitamente dentro de los límites de la ciudad.

Muchos de estos establecimientos ilícitos revisan licencias de conducir y recomendaciones médicas, ofrecen comestibles pre-empaquetados, y aparentan ser exactamente iguales a las tiendas oficiales. Para contextualizar, 1,528 tiendas en el condado de Los Ángeles tienen licencia para vender alcohol.

Los Ángeles es ampliamente reconocida como la economía de cannabis más grande y más importante a nivel mundial, con unos cuantos millones de consumidores, decenas de miles de trabajadores, y miles de millones de dólares cada año en ventas. También es, desde un punto de vista de negocio y de gobierno, uno de los mercados legales de marihuana más contenciosos y complejos de los Estados Unidos.

La mayoría de las otras ciudades principales en California comenzaron a permitir que operaran tiendas de marihuana hace años, cuando solo su uso médico era legal, pero Los Ángeles esperó—volviendo a los negocios de cannabis de la ciudad especialmente vulnerables a los caprichos de las autoridades. Y aunque es más probable que la perspectiva anti-marihuana del Fiscal General Jeff Sessions aparezca en las noticias, las acciones anti-marihuana de los gobernantes de Los Ángeles han tenido un impacto mucho mayor en la ciudad.

“En casi cada estado donde el cannabis es legal, debes tener una licencia de tu gobierno local. Y esto no es el mismo proceso que se aplica a las licorerías. Esto es mucho más complejo. Es híper-local,” dice Amanda Ostrowitz, directora ejecutiva de CannaRegs, una empresa cuyo software rastrea las complejidades de las regulaciones de marihuana en la ciudad y los condados mediante se desarrollan en siete estados.

Vecinos molestos. Zonificación. Requisitos diversos. Lograr que cualquier negocio en Los Ángeles cumpla con todos las licencias necesarias ha requerido, desde hace tiempo, pasar por un proceso excesivamente complicado que involucra un sinfín de aprobaciones y cuerpos de gobierno —especialmente cuando implica construir proyectos o establecer industrias controversiales que pueden llegar a molestar a los vecinos. El proceso exacto de veto puede variar enormemente, volviéndolo aún más inescrutable a cualquiera que no pueda darse el lujo de contratar a los consultores y abogados correctos.

Existen casi 100 consejos vecinales donde los residentes pueden quejarse acerca de nuevos proyectos. Hay funcionarios civiles en el Departamento de Planeación Urbana y en el Departamento de Construcción y Seguridad. En cuanto a la marihuana, otros agentes involucrados incluyen a la Procuraduría General de Justicia, el Departamento de la Policía de Los Ángeles, la Oficina de Finanzas y el Departamento de Regulación de Cannabis. También está el Ayuntamiento, y todas sus subcomisiones, sin mencionar la oficina del Alcalde. Encima de eso, está el hecho de que lo que las personas consideran Los Ángeles en realidad son 88 ciudades distintas y 2,600 millas cuadradas de área de condados no-incorporados, cada uno gobernado por personas y procesos enteramente distintos, y muchos de los cuales no permiten ningún negocio legal de marihuana.

“Entre más complicado sea el sistema, más oportunidad hay de que quienes tienen dinero o influencia o poder político sean quienes pueden lograr que algo suceda , porque conocen las reglas del juego,” dice Mark Vallianatos, un experto de políticas y defensor de vivienda justa.

Por ejemplo, en Woodland Hills, donde el ingreso promedio es de $90,000 USD al año y casi el 80% de la población es blanca, la Organización de Dueños de Vivienda de Woodland Hills se sentó con su miembro del Consejo, Bob Blumengield, al comienzo de este año, a revisar los mapas coloridos que muestran dónde se permitirían tiendas.

Mientras que el primer año completo de marihuana legal en California llega a su cierre, la frustración de activistas y emprendedores locales como Martínez crece. En Los Ángeles, las conversaciones en torno a la hierba se han concentrado en cómo reparar la comprobada disparidad racial de arrestos por posesión de marihuana, pero el delicado proceso de enmendar los efectos negativos de la guerra contra las drogas ha entorpecido más aún el proceso de legalización.

En lugar de establecer una industria próspera y diversa de cannabis, Los Ángeles ha continuado con la criminalización de la mayoría de las personas involucradas con la hierba, mientras que las 169 tiendas con licencia siguen protegidas—mayormente debido a que sus dueños son personas con más dinero e influencia. Grandes empresas de marihuana han huido de la ciudad en búsqueda de mejores condiciones.

El programa que permitiría al nuevo Departamento de Regulación de Cannabis conceder más licencias de negocios de marihuana ni siquiera se ha fundado.

Martínez conoció a su esposa, Liliana, en la década de los ochenta, en una preparatoria del distrito de San Fernando Valley, la amplia zona suburbana que conforma la mitad norte de Los Ángeles. Ninguno de los dos fumaba marihuana, pero muchos de sus amigos sí. Liliana recuerda que en 1996, su madre la regañó por haber votado “sí” a la Propuesta 215 de California, una iniciativa estatal que buscaba legalizar el uso de la marihuana medicinal. En México, el hermano de su madre, un conductor de taxi, fue asesinado tras aceptar a un traficante de drogas como pasajero, y la asociación entre las drogas y la violencia quedó impregnada en la mente de su madre. Pero Liliana creció en Los Ángeles, lejos de los carteles: una tierra llena de fumadores no-violentos.

Al principio, los dispensarios físicos de marihuana eran poco comunes en California. A pesar de que el uso medicinal era legal, las ventas no lo eran. En 2003, el estado aprobó una ley permitiendo a los pacientes que la utilizan formar colectivos, donde una persona podía crecer marihuana para abastecer a docenas de personas enfermas. Lucrar de la venta de la marihuana continuaba siendo ilegal, pero el ánimo de los emprendedores comenzaba a crecer. En 2005, el Departamento de Policía de Los Ángeles contó cuatro tiendas de marihuana dentro de los límites de la ciudad. En 2006, contaron 98. Para el verano de 2007, había varias centenas, y algunas de las asociaciones vecinales más importantes estaban furiosas. El Ayuntamiento de la ciudad aprobó una moratoria para los nuevos dispensarios, incluyendo un requerimiento de que las tiendas existentes se registraran con la ciudad. Aproximadamente 185 de ellas lo hicieron.

Alrededor de ese tiempo, Liliana e Humberto perdieron sus trabajos en la recesión, y el accidente de Humberto lo dejó paralítico de la cintura para abajo. La pareja comenzó a buscar trabajos más flexibles que lo permitieran descansar por las tardes, cuando le llegaban los espasmos musculares. El hermano de Liliana sugirió que abrieran un dispensario de marihuana y, en el 2009, tras casi un año de investigar, la pareja compró una tienda en el Valley que nombraron California Herbal Providers (Proveedores Herbales California). La tienda había estado abierta desde antes del moratorio de la ciudad, pero se había registrado dos meses tarde. Aún así, el moratorio indicaba que algunos registrantes tardíos contarían con un camino a la legalidad .

Eventualmente, en 2008 y 2009, más de 800 tiendas intentaron reclamar que no habían escuchado del límite de registro a tiempo. La ciudad no aceptó estos reclamos—incluyendo aquel de la tienda de Humberto y Liliana.

Mientras tanto, la DEA envió cartas amenazantes, y la ciudad y los federales revisaron indiscriminadamente los dispensarios, independientemente de quién se había registrado. Muchos dueños de tiendas fueron encarcelados—sobre todo las personas de color. A pesar de que la mayoría de los primeros emprendedores de marihuana habían trabajado en el mercado ilícito, los dueños de dispensarios blancos que previamente habían trabajado como vendedores de drogas fueron arrestados significativamente menos, y la policía buscaba a personas con antecedentes penales. Con el paso del tiempo, el área gris de la legalidad de la marihuana medicinal solo profundizó la división racial.

En el otoño del 2009, Humberto y Liliana ayudaron a organizar a un grupo de dispensarios para demandar a la ciudad, alegando que el moratorio del 2007 era “irracional, discriminatorio y demasiado amplio.” Ganaron. La ciudad respondió con un nuevo decreto especificando cómo ciertas tiendas debían aplicar para mantenerse abiertas, pero antes de que los detalles fueran finales, California Herbal Providers fue revisada por una división particularmente anti-marihuana del Departamento de Policía, y Liliana fue arrestada. La pareja decidió mantener cerrada la tienda.

A lo largo de los siguientes seis años, las políticas de marihuana de la ciudad se enredaban cada vez más. Un decreto del 2010 que solo permitiría dispensarios con exactamente los mismos gerentes que se registraron en el 2007 fue denegado por un juez. Una lotería que se propuso en el 2011 jamás se llevó a cabo. Una corte estatal decidió que las ciudades que dieran licencias para actividad comercial del cannabis podían estar violando la ley federal, así que la ciudad votó a favor de prohibir la existencia de dispensarios en general—para después levantar la prohibición unos cuantos meses más tarde. Finalmente, en 2013, el Ayuntamiento puso a votación una medida que ofrecía inmunidad fiscal limitada a las 135 tiendas que se habían registrado en la ciudad durante tres momentos clave .

Antes del moratorio, en 2007; en 2011, para la lotería que nunca se llevó a cabo; y de nuevo en 2011, para pagar impuestos. La tienda de Liliana y Humberto se encontraba entre los 372 dispensarios que se registraron para pagar impuestos en el 2011—mientras seguían buscando cómo llegar a un acuerdo.

Estas tiendas técnicamente no serían legales, pero si seguían ciertas reglas, tendrían más probabilidades que la mayoría de que las dejen en paz. Todas las demás tiendas, prometió la medida, serían cerradas.

Básicamente todos consideran que esta ley fue un fracaso.

Por cada tienda que cerró la fiscalía o Departamento de Policías, dos más aparecieron en su lugar. Los activistas comenzaron a generar ingresos vendiendo las tiendas de marihuana protegidas por millones de dólares. Los nuevos dueños lentamente se volvieron más y más representativos de los grupos en poder—aquellos que podían pagar $3 millones de dólares, o que tenían más probabilidades de recaudar esos fondos.

Mientras tanto, Liliana aceptó una multa y un año de libertad condicional en lugar de un juicio por múltiples delitos. La familia Martínez decidió mitigar su riesgo administrando algunos dispensarios ajenos y convirtiendo a su propia tienda en una oficina donde doctores escriben recomendaciones para la marihuana medicinal. Uno de los dispensarios que administraban los Martínez fue cerrado, y luego el otro. Para ahora ya era verano del 2016, y la Propuesta 64, la ley que legalizaría el uso adulto de cannabis a nivel estatal, se sometería a votación en noviembre.

A pesar de que se esperaba que la Propuesta 64 pasara, la ciudad y el condado no desarrollaron un marco regulatorio. No fue hasta que un grupo de dueños de tiendas reunió suficientes firmas para su propia propuesta legislativa que la ciudad se involucró para redactar una mejor ley.

Esa ley fue aprobada a principios del año pasado, y prometió priorizar las tiendas que se habían registrado en la ciudad en el 2007. Pero también prometió que otros negocios serían legalizados una vez que las licencias prioritarias fueran procesadas. Liliana y Humberto estaban emocionados: Parecía ser que por fin podrían operar una tienda legal de marihuana.

Un año y medio más tarde, aún no se materializa un calendario para ese proceso de aplicación.

“Lanzar el programa regulatorio comercial más grande del país es una tarea extremadamente compleja,” dijo Cat Packer, directora ejecutiva del Departamento de Regulación de Cannabis de Los Ángeles. “Estamos lidiando con los retos de balancear la construcción de infraestructura de la ciudad al mismo tiempo que implementamos políticas que aún están evolucionando. Y lo más importante, estamos tomándonos el tiempo necesario para hacer esto bien.”

Un domingo por la mañana en agosto, un grupo diverso de activistas de cannabis se reunieron para tomar café en las oficinas de una red de iglesias afroamericanas. Muchos representaban organizaciones enteras o grupos de actores locales, como trabajadores de sindicatos, veteranos o Latinos. ¿Su modesta meta? Arreglar todo lo que estaba mal con la política de marihuana en Los Ángeles—y rápido.

“Tenemos 18 meses para hacer cambios profundos o dejar que esto siga el camino de todas las demás industrias corporativas en el país,” dijo Juli Crockett, directora de cumplimiento de una consultoría de marihuana de alto nivel, quien estaba tomando notas en una laptop decorada con brillantina.

Como Crockett, muchos de los activistas presentes creían que dentro de unos cuantos años, el recién abierto mercado de cannabis en California se habría establecido, dejando poco espacio para los nuevos negocios. Entre más se aplazara el proceso de licencias para los negocios de marihuana, más difícil sería crear una oportunidad económica significativa para la gente que no es blanca y adinerada .

Según estimados del censo de 2017, un poco más de un cuarto de la población de Los Ángeles es blanca.

La reunión comenzó con un momento de silencio para “todos los seres perdidos en la guerra contra las drogas,” y algunas palabras motivacionales de una de las organizadoras, Felicia Carbajal, quien portaba una playera negra con la palabra “Chicana” en el frente.

“Durante años, la ciudad de Los Ángeles se ha esforzado por limitar la regulación del cannabis legal, en gran parte debido a la oposición de los dos últimos fiscales de la ciudad. Ha habido muchas palabras y muy poca acción,” dijo Lynne Lyman, anterior directora de estado de la Alianza de Política de Droga, y una de las principales autoras y promotoras de la Propuesta 64. Lyman ahora intenta arreglar la situación en Los Ángeles sin recibir una remuneración a cambio, pues cree que hasta que alguien lo haga, el trabajo de legalización en California no se completará.

Debido a que las detenciones y sentencias relacionadas con marihuana siempre han afectado desproporcionadamente a las personas de color, un movimiento llamado “equity”, o “equidad”, ha surgido en ciudades liberales como Oakland y San Francisco. Los Ángeles también ha diseñado su propio programa de equidad .

Los programas de equidad son comunes en las ciudades, pero la mayoría se enfocan en contratos de gobierno para servicios del sector público, como el desecho de residuos. Los programas de equidad para el cannabis son más agresivos en sus intentos por controlar la posesión de empresas privadas dentro de una industria entera.

El programa involucra emparejar, uno a dos, el número de negocios regulares de marihuana con negocios dirigidos por emprendedores con antecedentes de desventaja, incluyendo aquellos con condenas de cannabis en su historial y aquellos que crecieron en vecindarios con alta presencia de policías. La idea es que las siguientes 338 tiendas de marihuana que se aprueben en Los Ángeles tendrán que contar con los llamados “aplicantes de equidad” como dueños mayoritarios.

Pero el programa aún no recibe fondos de la ciudad—o sea que, en práctica, no podrá autorizarse ningún dispensario de marihuana adicional.

Lyman mencionó la manera injusta en la que la ciudad había dado prioridad a las tiendas que se establecieron antes del 2007, permitiéndoles pasar por alto los requerimientos del programa de equidad: “Cuando veo que las nuevas leyes y restricciones no se aplican a los viejos dueños, pienso en los impuestos al sufragio o los exámenes de alfabetismo, y sé que a los blancos se les está dando un trato especial.”

El Departamento de Regulación de Cannabis de la ciudad actualmente está revisando la elegibilidad de productores y fabricantes al programa de equidad, pero aquellos negocios tendrán que cumplir con requisitos mucho más estrictos que las 169 tiendas. La ciudad no podrá ofrecer aprobación completa a ningún dispensario sin el apoyo del Alcalde Eric Garcetti, quien propone el presupuesto de la ciudad .

Garcetti ha considerado públicamente la posibilidad de lanzarse como candidato a la Presidencia en el 2020. El programa de equidad—y por lo tanto cualquier licencia comercial nueva en Los Ángeles—puede no materializarse hasta ese año. El alcalde también deberá conseguir que el Ayuntamiento apruebe el presupuesto.

“El actual presupuesto para el Departamento de Regulación de Cannabis es apropiado para ser su primer año como un nuevo departamento de la Ciudad,” dijo Vicky Curry, una representante de Garcetti.

Reggie Jones-Sawyer, representante del distrito #59 en la Asamblea y uno de los principales legisladores en California involucrado en la legalización, no está de acuerdo. “No solo se le debe dar a Cat Packer del Departamento de Regulación de Cannabis carta blanca en cuanto a fondos,” dijo. “Sino que debemos desatarle las manos para que pueda hacer su trabajo.”

Mediante pasaba el tiempo en la reunión de activistas, la lista de problemas que el grupo consideraba que debía resolver parecía multiplicarse y expandirse. El Condado de Los Ángeles había prohibido por completo los negocios de cannabis. El fiscal de distrito se rehusaba a borrar automáticamente los antecedentes penales relacionados a la marihuana. Y el programa de equidad en sí no es perfecto: muchos de los presentes estaban preocupados por que no calificarían todos los que deberían.

Una de las personas en la reunión, una mujer Nativo Americana llamada Christina Lake, quien anteriormente había estado en situación de calle, es co-fundadora de una empresa de cannabis tópico llamada Loki Lotion. Aún no estaba segura si calificaría para una licencia de equidad, pero había estado pagando la renta de un espacio de fábrica por casi un año para poder cumplir con los requisitos de aplicación. Al mismo tiempo, para evitar romper la ley, ella—igual que los Martínez—había tenido que cesar completamente con su operación, por lo cual no tenía ingresos.

“En esencia, mi ciudad me está pidiendo que me muera de hambre por ocho meses,” dijo, “para comprobar una y otra vez que merezco esto.”

Amanda Chicago Lewis escribo acerca de marihuana y la guerra contra las drogas, con un énfasis en seguridad pública, la influencia de intereses especiales, y las maneras en las que las documentadas disparidades raciales de la aplicación de las leyes sobre narcóticos se están cimentando en los detalles de la legalización. Escribe una columna quincenal para Rolling Stone. Su trabajo también ha aparecido en GQ, Buzzfeed News, Vice, LA Weekly, Pop Up Magazine y el LA Review of Books.